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No desalojarán la toma Kohan del Labraña

“Nadie va a querer retirarse del asentamiento si no tiene una propuesta concreta; y eso no habla de su falta de voluntad para encontrar una solución”, sostuvo la jueza Agustina Bagniole, quien este mediodía rechazó de plano un desalojo en la toma Kokan, iniciada el 27 de agosto pasado, sobre la calle Lisandro de la Torre al final.

Mientras la querella escuchaba la decisión de la jueza y los argumentos que la respaldaron, se preguntó: “¿Cómo le digo a Kohan -la víctima- que perdió su chacra de 10 hectáreas, donde invirtió casi todo su dinero, ahora que tiene 70 años y está muy mal de salud. Cómo le explico que el poder judicial no protegió su derecho. Me va a costar”.

Tras una audiencia que llevó toda la mañana, la posibilidad de un desalojo forzoso en la chacra Kohan, ubicada en el barrio Labraña, fue desechada. La jueza consideró que no están dadas las condiciones y que, en esta instancia, es prematuro proceder en esa dirección. Recordó que hace tres semanas inició la investigación.

Sin embargo, los fiscales Gustavo Herrera y Matías Stiep advirtieron a la jueza que el peligro de la demora para un desalojo es real y sus consecuencias pueden ser lamentables. “Si permitimos que continúe, la toma se consolida. Esto será tierra de nadie, cada uno tomará del otro lo que quiera. Desaparece el Estado de derecho y aparece la fuerza, como pasó en Fernández Oro, donde un grupo de chacareros se constituyó para desalojar la ocupación”, indicaron.

La fiscalía insistió con el desalojo porque no cree que sea posible la conciliación. Pero la jueza no estuvo de acuerdo con su planteo. “Los imputados quieren solucionar este conflicto, lo dijeron en esta audiencia, y que están ahí -en la toma- por necesidad. Otros integrantes del Ejecutivo fueron convocados y existe la posibilidad de generar una instancia de negociación para resolver esta situación de manera pacífica”, sostuvo.

La jueza indicó, además, que la Justicia tiene la obligación de transitar y agotar la vía de la conciliación. Consideró que el desalojo forzoso en cualquier caso se debe evitar, más aun si previo a la expulsión el Estado todavía no garantizó un lugar donde los ocupantes puedan vivir. En ese sentido, advirtió que “no se mencionó ninguna propuesta concreta para que -los imputados- accedan a la vivienda”.

Sin desalojo posible, la parte acusadora pidió otras medidas cautelares, a las cuales Bagniole hizo lugar de forma parcial. La Fiscalía se comprometió a iniciar el proceso de conciliación, aunque no formará parte (son otros los actores que participan); y llevará a cabo un relevamiento, junto a personal de Desarrollo Humano del Municipio, con el fin de saber quiénes están en el predio tomado y cuáles son sus necesidades.

Mientras tanto, los ocupantes no podrán ingresar materiales de la construcción. Tampoco podrá entrar más gente a la ocupación. Pero la jueza no impedirá que los que salgan de la toma puedan volver a ingresar, como lo había solicitado la parte acusadora.

A la audiencia de hoy tendrían que haber asistido 70 personas convocadas por la Fiscalía para formular la acusación por el delito de usurpación. No obstante, sólo se presentaron ocho y tomaron la palabra. Uno dijo que vivía hacinado en una casa con 11 hermanos .Otro pagaba un alquiler y en pandemia perdió su trabajo. Alguno de ellos también mencionó que se encontraba en situación de calle y había ingresado a la toma para forjar su proyecto de vida. Otra mujer, con tres hijos menores de edad a su cargo, participa del asentamiento porque compartía techo con 8 hermanos. “Si no tuviésemos necesidad, no estaríamos ahí pasando frío con nuestros hijos”, dijo una mamá.

Todos ellos hablaron del estado de vulnerabilidad que atraviesan. Negaron haber ingresado de noche, romper el cerco y provocar daños en la chacra y a los predios linderos. Aunque la Fiscalía dijo que tiene cómo probar que la toma fue violenta y clandestina; y genera un gran perjuicio. Incluso, la querella reparó en el daño que le provocará a la producción de los vecinos chacareros, quienes en el mejor de los casos tal vez puedan vender la fruta que no podrán exportar.

“Acá tenemos ocho pobres acusados. Sucintamente nos hemos asomado un poco a su vida; y desde mi punto de vista hay que buscar una solución no violenta”, dijo su abogado defensor, Juan Pablo Piombo.

La parte acusadora reconoció en sus planteos el derecho a la vivienda, sin embargo, aclaró que los conflictos habitacionales no se solucionan con la toma de tierras ajenas, ni justifican una acción de esta naturaleza. “Es tan claro el peligro a la demora en este caso, lo difícil que será desalojar la toma cuando haya viviendas construidas, que no debería quedar otra posibilidad que hacer lugar a esta medida (el desalojo)”, manifestó el abogado querellante, Martín Irigoyen.

No al desalojo en pandemia

Pero la jueza, al resolver, consideró que en el marco de la situación epidemiológica que estamos viviendo, se exhorta a todos los países, entre ellos Argentina, a evitar un desalojo. “La pandemia no afecta a todos por igual, ni podemos pasarla por alto porque se verían seriamente vulnerados los derechos de los acusados, los más vulnerados”, sostuvo.

Como parte de sus fundamentos llamó la atención que la jueza citara el fallo del fiscal jefe Herrera cuando era juez de Instrucción, hace cinco años atrás. En ese entonces, el funcionario judicial le dijo que no al desalojo de una vivienda y bregó por la conciliación. Se impuso allí el derecho jurídico de la familia sobre el de la propiedad, aunque una demora en la solución del conflicto cause perjuicio.

La jueza consideró muy atinada la solución para el conflicto de la toma Kohan. Por lo mismo, porque no están dadas las condiciones para avanzar con un desalojo forzoso. El Estado tiene que buscarles un lugar donde poder habitar.

Sin embargo, el fiscal luego le respondió a la jueza cómo terminó el asunto de la casa tomada donde intervino como juez: la propiedad no pudo ser recuperada como consecuencia de la conciliación. Es decir, sigue siendo usurpada, cinco años después.

“El camino de la conciliación no puede permitir que siga avanzando el delito y terminemos como Roche y Maldonado, que siguen viviendo en esa casa después de cinco años. Esta es la realidad y la Fiscalía tiene el deber de que la Ley no se pisotee más”, cerró Herrera.

Desde la Defensoría del Menor bregaron por una solución pacífica al conflicto, en atención al interés superior del niño, en una toma conformada por muchas familias con hijos pequeños.

La teoría del caso

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el 27 de agosto pasado, en horas de la madrugada, cuando un grupo de personas, mediante actos ocultos, cortaron el alambre perimetral de la chacra, propiedad de Miguel Ángel Kohan, y la invadieron. Una vez adentro, comenzaron a delimitar parcelas con postes que fueron obtenidos de otras chacras vecinas. Talaron árboles y construyeron precarias viviendas. “Esto continuó a pesar de que fueron intimados a desalojar voluntariamente. Hicieron caso omiso. Despojaron a Kohan de su posesión y se mantienen hasta la fecha”, informó el fiscal del caso, Matías Stiep.

La Fiscalía cuenta con testigos presenciales y registros fílmicos de las cámaras de seguridad de una empresa, a través de las cuales se pudo observar la invasión. Hubo también un incendio causado por los imputados sobre la mitad del predio, a los fines del desmalezamiento. Dentro de la propiedad, además, hay maquinarias petroleras bajo resguardo, con personal de seguridad privada. La querella acusa a los imputados de causarle daños por más de 400 mil dólares y advirtió sobre el peligro de una herramienta de perforación que contiene elementos de gran combustión. “Todo eso está en manos de los usurpadores”, indicó.

Dentro de la toma Kohan conviven dos agrupamientos geográficamente delimitados por una calle interna que divide al predio. De un lado, las familias llaman al asentamiento Rucalaf; y del otro, 28 de Agosto.

Las partes tendrán un mes para conciliar y evitar así un desalojo posterior.

 

Fuente: LMCipolletti 

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