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La Justicia ordenó el desalojo de la toma del barrio Labraña

Finalmente, la jueza Laura González Vitale ordenó este jueves el desalojo de la toma que inició el pasado 27 de agosto en un predio de propiedad privada que está ubicado en el barrio Labraña. Hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la querella y la fiscalía, en adhesión a los argumentos que expusieron en su momento, luego de fracasar la instancia de mediación como alternativa al conflicto, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la resolución que firmó la jueza, los ocupantes tendrán la oportunidad de abandonar el lugar de forma pacífica en un plazo de 15 días hábiles, para evitar así un desalojo forzoso. Ese plazo comenzará a correr a partir de que la resolución quede firme, ya que puede ser recurrida por la defensa oficial de los imputados.

“Era lo que esperábamos y estamos contentos. Alguien respetó el derecho de mi defendido y contempló su indefensión, ya que hasta este momento nadie procuraba su bienestar, siendo que era la víctima del delito”, expresó Daiana Vázquez, quien representa legalmente al damnificado Miguel Ángel Kohan.

Desde la defensa oficial adelantaron al diario LMCipolletti que apelarán el fallo porque los imputados, si se van de la toma, se quedan en la calle. Advirtieron que puede ser complicado un desalojo en el lugar por el estado de avance que tiene.

La jueza avaló el desalojo porque se reúnen todos los requisitos típicos de la figura penal endilgada (usurpación). Reconoció, además, la verosimilitud del derecho. Incluso, los imputados admitieron que la propiedad usurpada es de Miguel Ángel Kohan, la víctima. El predio está destinado a la producción y, por lo tanto, no es apto para el desarrollo de un loteo social, donde se pueda acceder a los servicios básicos.

Consideró que “el peligro a la demora es patente” porque afecta directamente la actividad laboral de los damnificados, y aquí se incluye a los chacareros lindantes que no pueden certificar la fruta como consecuencia de la usurpación y se constituyeron en querellantes. Pero también la jueza tuvo en cuenta el peligro que supone la violación de los derechos humanos de los imputados, a la vida, a la salud, a la vivienda digna y a la vida privada.

“Tanto los adultos como los niños y los adolescentes que permanecen en el asentamiento están privados de agua potable, del servicio de energía eléctrica, de instalaciones sanitarias, de la higiene imprescindible en esta época de pandemia por Covid-19, viviendo en condiciones infrahumanas (algunos dijeron que hacían sus necesidades en baldes o zanjas), rodeados de basura y desechos de otras personas; y de varias alimañas, entre las cuales mencionaron roedores y culebras”, manifestó la jueza.

Aclaró que, aún cuando haya sido cierto que los imputados tomaron posesión del predio en estado de abandono, esta situación no autoriza la comisión del delito que les fuera endilgado. Advirtió, además, que tampoco se le puede achacar al propietario del predio las necesidades que presenten sus ocupantes.

“La situación de vulnerabilidad social y la falta de vivienda no ha sido provocada directamente por el señor Kohan o los restantes damnificados constituidos en querellantes, sino como lo han señalado el doctor Herrera (fiscal) y la doctora Vázquez, por el propio Estado en cabeza del poder ejecutivo”, apuntó la jueza.

Si la decisión judicial se confirma y los ocupantes no se retiran del lugar, entonces la fiscalía estará a cargo del operativo para desalojar la toma por medio de la fuerza pública, y ante la presencia de autoridades municipales y representantes de la Defensoría del Niño y la Senaf. No podrá realizarse en horario nocturno ni en condiciones climáticas adversas.

“A fin de evitar que la medida cautelar dispuesta mute de un desalojo compulsivo a un desalojo forzoso dejo a cargo de los organismos del Estado municipal y provincial dar protección adecuada a los derechos de las personas y niños allí asentados, ofreciendo alternativas y soluciones habitacionales plausibles”, cerró González Vitale.

En la toma hay aproximadamente 150 personas que se dividen el predio en dos. Unos se identifican con el nombre de Rucalaf y los otros llaman a la ocupación como 28 de Agosto.

 

 

Fuente: LMCipolletti 

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