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Caso Muñoz: las pruebas que incriminan a Meyreles y Valenzuela

El juez apuntó contra los dos policías por su accionar “por fuera de la ley”. Un testigo reconoció que es habitual que los agentes pidan informes a las telefónicas sin orden judicial.

El procesamiento con prisión preventiva que el juez de Instrucción Bernardo Campana dictó contra el sargento Néstor Meyreles y al oficial Federico Valenzuela Campos por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento agravado revela un accionar por fuera de ley que preocupa.

El fiscal Guillermo Lista sostuvo en la acusación que Valenzuela Campos sin contar con autorización del juez competente, ni estando designado para la investigación sobre la desaparición del oficial ayudante de la Policía de Río Negro Lucas Muñoz, acordó con Meyreles que debía generar un chip a nombre de Muñoz, sin otra finalidad o propósito que pretender desviar la investigación en marcha en Bariloche.

Meyreles compró la línea el 15 de julio pasado (un día después de la desaparición de Muñoz) en una agencia de Catriel, lo que dio motivo “a falsas expectativas de la aparición con vida del policía”.

El sargento explicó en la indagatoria que conoció a Muñoz porque trabajó en enero último en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril, donde lo asignaron como refuerzo. Dijo que Valenzuela Campos lo contactó y le preguntó qué se podía hacer para aclarar lo sucedido con Muñoz.

Relató que compró la línea con el DNI de Muñoz a un amigo que tiene una agencia de Movistar en Catriel al que le dejó todos sus datos. Dijo que su intención fue la de colaborar con la búsqueda para obtener el listado de los llamados del celular de Muñoz.

Sostuvo que desconocía la existencia de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (Oitel) del Poder Judicial de la provincia, que hace ese tipo de diligencias. Declaró que “fue una gauchada” y reveló que ya lo había hecho en la investigación del crimen de Micaela Bravo y otros casos.

Valenzuela Campos sostuvo en la indagatoria que se contactó con Meyreles y le pidió que consiga el listado de llamadas de Muñoz, pero que no le pidió la activación de ninguna línea. Sostuvo que puso en conocimiento a sus jefes de esa diligencia. Y negó haber entorpecido la investigación como lo acusa el fiscal.

Campana consignó en el fallo, que no está firme porque fue apelado por la defensa de los imputados, que de acuerdo al testimonio de un representante de Movistar “si un tercero adquirió una línea del policía desaparecido no podrá obtener los listados de las llamadas del abonado original”.

El testigo, según el procesamiento, señaló que “muchas veces se presentan en el centro de atención de Movistar policías solicitando listados de llamados de ciertos abonados y no se aceptan dichas solicitudes sin oficio dirigido por un juez”.

Para Campana, la activación de la línea a nombre de Muñoz, cuyo cadáver apareció 10 de agosto último en un descampado, en las afueras de Bariloche, generó “un rastro de vida falso” y desvió la investigación hacia la ciudad de Neuquén, donde se lo buscó al policía desaparecido.

El juez señaló que Valenzuela Campos y Meyreles estaban a más de 500 kilómetros de distancia. Sostuvo que Valenzuela Campos no tenía ninguna autorización para solicitar nada en relación a la causa Muñoz y nadie le pidió que hiciera ninguna gestión.

“Es claro el abuso funcional en el que incurrieron ambos policías”, advirtió el juez y enfatizó que no tienen facultades para inmiscuirse en la intimidad de las personas sin previa autorización u orden judicial.

Afirmó que Meyreles “cumplió una orden evidentemente ilegal y a partir de ella dio de alta una línea telefónica a nombre de una persona desaparecida”.

“Si bien tanto Valenzuela como Meyreles sostienen haber obrado de buena fe y para ayudar “de gauchada” a mi entender ello no es así, pues en ese caso, hubiesen comunicado la situación al fiscal o a quien suscribe”, afirmó Campana.

El juez advirtió que el agenciero reconoció que vendió a Meyreles una línea para el desaparecido Muñoz. Y admitió que desde hace un año atrás que no se puede obtener listados de llamadas como alegó el imputado.

“La existencia de un listado de llamadas que se adjudican al número de Micaela Bravo lo único que significa para mí es que también en ese caso,Valenzuela Campos y Meyreles sin ninguna autorización legal consiguieron datos de la vida privada de una persona que estaba por entonces desaparecida o muerta. Pone en evidencia que estos policías por fuera de la ley están dispuestos a hacer lo que quieran”, afirmó Campana en el procesamiento.

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